El derecho a reparar, o Right to Repair, se ha convertido en un tema central para usuarios y empresas en México. Frente a fabricantes que restringen el acceso a repuestos y manuales, la ciudadanía busca recuperar el control sobre sus dispositivos y evitar gastos innecesarios.
Algunas compañías recurren a prácticas controvertidas. Apple, por ejemplo, ha incorporado chips serializados que bloquean funciones si se instalan piezas no originales. John Deere, en el caso de tractores, incluye software que se desactiva si los equipos son reparados fuera de talleres autorizados.
A nivel internacional, la Unión Europea ha avanzado: desde 2025 todos los dispositivos deben ofrecer manuales y repuestos durante 10 años, con multas de hasta el 4% de los ingresos globales por incumplimiento. En México, la LFPC reformada exige repuestos por cinco años, aunque Profeco reconoce que aún no se aplican sanciones efectivas.
La relevancia del derecho a reparar es tangible. En un hospital rural de Oaxaca, la reparación de 50 ventiladores COVID con piezas genéricas permitió ahorrar 2.7 millones de pesos frente a la compra de equipos nuevos.
Para usuarios, conocer qué marcas dificultan la reparabilidad y dónde acudir a talleres especializados es clave para tomar decisiones informadas. El Right to Repair no solo impacta la economía y el medio ambiente, sino también nuestra autonomía tecnológica y capacidad de elección.