México dio un paso estructural hacia la transición circular con la aprobación, en el Senado, de la Ley General de Economía Circular, avalada con 111 votos a favor y enviada al Ejecutivo para su promulgación. El nuevo marco legal establece obligaciones formales para extender la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y priorizar su reparación, reacondicionamiento, reutilización y reciclaje, con implicaciones directas para el sector tecnológico.
Para la industria de dispositivos electrónicos —desde fabricantes y distribuidores hasta reacondicionadores y recicladores— la ley redefine las reglas del juego: no solo regula el final de vida de los productos, sino que incorpora la circularidad desde el diseño, la fabricación y el consumo.
Un sistema nacional para coordinar la circularidad
La ley crea el Sistema Nacional de Economía Circular, una instancia de coordinación entre la Federación, estados y municipios para establecer estándares obligatorios y mecanismos operativos en toda la cadena de valor. Este sistema permitirá homologar criterios que hoy operan de forma fragmentada, particularmente en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Entre sus alcances se incluyen reglas para materiales y empaques, esquemas de trazabilidad, procesos de recuperación y lineamientos específicos para productos tecnológicos, con el objetivo de asegurar su reutilización funcional y su integración en modelos formales de reacondicionamiento y reciclaje.
SEMARNAT y las nuevas reglas técnicas para el sector tecnológico
Uno de los cambios más relevantes es la responsabilidad asignada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para desarrollar el Programa Nacional de Economía Circular y la futura Norma Oficial Mexicana (NOM) de Economía Circular.
Por primera vez, México contará con lineamientos técnicos obligatorios que podrían impactar directamente al sector tecnológico, incluyendo:
- Requisitos para centros de reacondicionamiento.
- Parámetros técnicos para reparación y extensión de vida útil.
- Estándares para acopio, manejo y tratamiento de RAEE.
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Metas de recuperación y valorización de dispositivos electrónicos.
Este marco busca reducir la informalidad en la gestión de residuos tecnológicos y elevar los estándares operativos en toda la industria.
Reciclaje inclusivo y formalización de la cadena
La ley incorpora el concepto de “reciclaje inclusivo”, reconociendo el papel económico y social de recicladores de base y pepenadores. En el contexto de los residuos electrónicos, esto abre la puerta a integrar a estos actores en cadenas de valor formales, con mejores condiciones de seguridad, trazabilidad y control ambiental.
El objetivo es disminuir prácticas informales como el desensamble artesanal —que implica riesgos ambientales y de salud— y canalizar mayores volúmenes de RAEE hacia procesos certificados de reutilización, reacondicionamiento y reciclaje.
Un nuevo marco para reparar, reutilizar y reacondicionar
Legisladores señalaron que esta ley redefine la forma en que México produce, consume y dispone de sus recursos, impulsando un “nuevo pacto productivo” que prioriza reparar, reutilizar y reciclar sobre el modelo lineal de extraer–usar–desechar.
Para la industria de reacondicionamiento, el nuevo marco legal representa:
- Un piso regulatorio nacional que reduce disparidades entre estados.
- Incentivos para extender la vida útil de dispositivos.
- Mayor certeza para inversiones en reparación, logística inversa y gestión de RAEE.
- Condiciones para escalar modelos circulares de forma formal y trazable.
Con la Ley General de Economía Circular, México busca establecer las bases para transformar la gestión de residuos tecnológicos en un sistema más eficiente, seguro y alineado con estándares internacionales, donde el reacondicionamiento y la reutilización dejan de ser marginales para convertirse en pilares de la política pública ambiental.
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